Nuevo golpe al bolsillo en pleno invierno
En una nueva medida que golpea a las familias trabajadoras del sur del país, el Gobierno nacional recortó el beneficio de Zona Fría para todos los usuarios residenciales que tengan más de un medidor de gas a su nombre, sin considerar de forma automática ninguna condición de vulnerabilidad social o geográfica. La decisión fue oficializada este lunes mediante la Resolución 219/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Hasta ahora, quienes vivían en regiones de bajas temperaturas accedían a un descuento del 50% en la tarifa de gas natural, como parte de un régimen federal destinado a garantizar un derecho básico como el acceso a la calefacción. Sin embargo, a partir de esta semana, el Ejecutivo redujo ese beneficio: quienes tengan más de un medidor deberán pagar el 70% del valor de la tarifa plena, a menos que justifiquen vulnerabilidad a través de la ANSES.
La medida afecta a más de 130 mil usuarios
Según los considerandos de la normativa, una “evaluación técnica” detectó 137.975 CUIT o CUIL con subsidios aplicados a más de un medidor. A partir de ese dato, el Gobierno asumió que esos usuarios poseen múltiples propiedades y por lo tanto no deberían recibir la cobertura total. En consecuencia, se les quitará el descuento más alto sin darles la posibilidad inmediata de defensa, salvo que gestionen su situación en el modelo de Ventanilla Única Social.
La resolución también denuncia una “superposición de beneficios” entre los distintos esquemas de subsidio (Zona Fría, segmentación tarifaria y Tarifa Social Federal), planteando que los hogares con más necesidades estarían recibiendo “demasiada” ayuda estatal. Esta lógica desconoce la realidad de miles de personas en regiones australes donde el frío extremo no permite prescindir del gas, y mucho menos pagar facturas impagables.
Ajuste en nombre de la “focalización”
Esta medida forma parte del “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados” creado por el Decreto 465/2024, y se enmarca en la emergencia energética declarada hasta julio de 2025, que permite al Gobierno reestructurar los padrones sin pasar por el Congreso.
Lo cierto es que, lejos de garantizar un uso más justo de los recursos, la nueva política castiga sin distinción a miles de usuarios del régimen Zona Fría, incluso en regiones como la Patagonia, donde tener más de un medidor no necesariamente implica poder económico, sino realidades como familias ampliadas, alquileres informales o propiedades compartidas.
En pleno otoño y con las temperaturas en caída, la quita del beneficio representa otro golpe a los ingresos populares, en un país donde el ajuste ya se siente en cada boleta.






