La defensa ante el Tribunal que dejó más dudas que certezas
En el marco de la denuncia penal que involucra a funcionarios y responsables de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, uno de los aspectos más llamativos es el contenido de sus respuestas oficiales ante las observaciones del Tribunal de Cuentas. En lugar de dar explicaciones fundadas o asumir responsabilidades por contrataciones irregulares, omisiones en controles y pagos sin respaldo, los funcionarios apelaron a justificaciones difíciles de sostener legalmente.
“Cúmulo de trabajo” y desorden administrativo
Una de las frases más repetidas en los descargos fue la existencia de un «cúmulo de trabajo». Según lo presentado por quienes ocupan cargos clave en la administración de la Legislatura, la gran carga de tareas habría derivado en omisiones de dictámenes obligatorios, falta de intervención de asesores legales, e incluso en irregularidades en contrataciones y pagos.
Este argumento, que podría tener algún valor en un contexto de emergencia, resulta débil cuando se aplica a situaciones que requerían únicamente cumplir con procedimientos administrativos básicos y normados.
Falta de registros, errores “involuntarios” y omisiones preocupantes
Otro de los elementos frecuentes en las respuestas fue el reconocimiento de “errores involuntarios”, acompañados de una promesa de “mejorar en el futuro” o de implementar controles “cuando sea posible”.
En algunos casos, los funcionarios reconocieron haber omitido pasos esenciales como dictámenes jurídicos o la intervención de Contaduría, lo cual es obligatorio por ley antes de cualquier contratación o erogación. La excusa fue que “la contratación ya había sido acordada previamente”, como si el procedimiento legal pudiera adaptarse a decisiones personales.
¿Desconocimiento de la ley o desprecio por el marco legal?
La denuncia penal subraya que estas respuestas reflejan, en el mejor de los casos, un preocupante desconocimiento de las normas que regulan la función pública, y en el peor, un desprecio por el cumplimiento de los controles legales que protegen el uso del dinero público.
El Tribunal de Cuentas había señalado irregularidades graves: contrataciones sin respaldo legal, pagos sin documentación, acumulación de cargos, designaciones sin actos administrativos, y compra directa de pasajes por casi 13 millones de pesos sin justificar. A pesar de ello, los funcionarios intentaron minimizar el impacto con argumentos que para el Tribunal resultan inverosímiles.
Un patrón de informalidad que activa alarmas
Lo que emerge de las respuestas no es sólo negligencia o desorganización. Hay un patrón de informalidad en el manejo de recursos públicos que, lejos de ser casual, parece estructural, según plantea la denuncia. Y que además no fue corregido tras las advertencias previas del órgano de control, lo que refuerza la sospecha de una práctica sostenida y no un error aislado.






