Respuestas «demoradas»
Las resoluciones 336 y 338/2024, que en junio de ese año crearon nuevos adicionales salariales en la Legislatura, nunca fueron notificadas al Tribunal de Cuentas pese a que en sus artículos finales lo ordenaban expresamente. La gestión del vicegobernador Fabián Leguizamón las mantuvo en ocultas, pero en las últimas horas se viralizaron.
Cronología de una omisión
El 2 de mayo de 2024 el Tribunal de Cuentas aprobó el plan de auditoría en la Cámara de Diputados (Res. 169-TC-24). Un mes más tarde, el 13 de junio, emitió el Informe Presencial N° 38/ADAC/2024, señalando la falta de resoluciones y de documentación clave.
Pocos días después, la Legislatura dictó la Resolución N° 336/2024 (26 de junio) y la Resolución N° 338/2024 (28 de junio). Ambas normaban la creación de nuevos ítems salariales bajo distintas denominaciones de “adicional por función legislativa” y “adicional por función ejecutiva”. En sus artículos finales, ordenaban dar intervención al Tribunal de Cuentas, cosa que llamativamente nunca ocurrió.
Qué normaban las resoluciones
Lejos de responder a los reclamos de recomposición salarial de los trabajadores de planta permanente, que atravesaban una fuerte pérdida de poder adquisitivo tras la devaluación del primer mes de gobierno de Javier Milei, y con un gremio silenciado, las resoluciones crearon ítems exclusivos para cargos políticos.
Los beneficiarios no fueron empleados de carrera legislativa, sino la estructura política que Leguizamón había incorporado mediante la modificación de la orgánica de la Cámara -tampoco nunca hecha pública-: asesores, directores y personal sin estabilidad, designados por afinidad política.




Un dato revelador es que ambas resoluciones son un calco: solo cambia el nombre del ítem y el porcentaje a aplicar. En el caso de la Resolución N° 824 (articulada como parte de esta política salarial), se fijó un 180% sobre el adicional por función legislativa.
Además, en el texto se habla de “agentes”, como si se tratara de trabajadores de planta, cuando en realidad los destinatarios son funcionarios políticos transitorios.
Documentación nunca remitida
El Informe Final N° 058/ADAC/2024 (24 de septiembre) dejó constancia de que esos actos nunca fueron remitidos al Tribunal, a pesar de lo dispuesto en sus artículos. La omisión derivó en la Resolución N° 698/2024 del Tribunal (23 de octubre), que aplicó multas a los responsables.
Finalmente, el Informe Definitivo N° 022/ADAC/2025 (18 de marzo de 2025) consolidó las observaciones y confirmó que la gestión de Leguizamón «ignoró» sus propias resoluciones internas, ocultando documentación y destinando recursos a fortalecer los ingresos de la estructura política en lugar de recomponer el salario de los trabajadores legislativos.
Resoluciones que hoy salen a la luz
La viralización de estas normas expone la gestión de Leguizamon: resoluciones casi calcadas que crearon adicionales para funcionarios políticos, disfrazados bajo la categoría de “agentes” y nunca fueron notificadas al Tribunal de Cuentas. Una gestión poco clara, a costa de los reclamos de trabajadores de planta permanente y de la transparencia en el uso de fondos públicos, que concluyó en las primeras danuncias contra el vicegobernador.






