Luego de la sesión extraordinaria secreta en la que el oficialismo impuso dos nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Bloque Unión por la Patria–PJ emitió un duro comunicado en el que denunció la nulidad de todos los actos impulsados por el Gobierno provincial.
Los legisladores opositores sostuvieron que el oficialismo “avanza sin respetar los procedimientos institucionales ni las normas que garantizan la legalidad de los actos de gobierno”, y alertaron que las decisiones adoptadas en las últimas jornadas “carecen de toda validez”.
“Todo lo que hace el oficialismo es nulo desde su origen —afirmaron los diputados—, por lo tanto, todo tratamiento de ternas, designaciones y actos posteriores carecen de validez. Será la Justicia la que defina esta situación, pero es evidente que se intenta forzar el funcionamiento de las instituciones a conveniencia del poder político”.
“Apuro político y manipulación institucional”
El bloque opositor también cuestionó el intento del oficialismo de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, una maniobra que permitiría la creación del cargo de procurador —figura ya discutida en todo el país— y habilitaría que cualquier camarista tome juramento a los nuevos vocales, sin la intervención del propio Tribunal Superior de Justicia.
“Quieren todo ya, sin debate, sin discusión y sin escuchar otras voces”, señalaron los legisladores, quienes recordaron que el oficialismo había prometido un tratamiento en comisiones “con la participación de distintos actores”, algo que finalmente no ocurrió.
“El autoritarismo se impone sobre la transparencia”
La oposición advirtió que el oficialismo busca imponer una mayoría judicial “a cualquier costo, incluso vulnerando la institucionalidad y la independencia de poderes”.
“Seguramente mañana, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, buscarán despachar el proyecto sin mayor tratamiento. Una vez más, el atropello reemplaza al diálogo y el autoritarismo se impone sobre la transparencia”, remarcaron.
El comunicado cierra con un mensaje político que eleva el tono de la disputa:
“No vamos a convalidar la ilegalidad ni el avasallamiento institucional. Vamos a defender la división de poderes, la democracia y el respeto a las leyes, porque lo que está en juego no es una disputa política, sino la validez misma de las instituciones de la provincia.”
La posición de Unión por la Patria–PJ se suma a las críticas expresadas por distintos sectores del ámbito judicial y gremial, que ven en el avance del Ejecutivo sobre el TSJ una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial santacruceño.






