La Justicia ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion

La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó suspender perforaciones, instalaciones y obras vinculadas al proyecto Sea Lion, mientras avanza una causa ambiental y otra investigación penal.
Justicia argentina frenó Sea Lion

La Justicia argentina frenó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La Justicia argentina frenó el avance del proyecto petrolero Sea Lion mediante una medida cautelar que ordena suspender las obras vinculadas con el emprendimiento hidrocarburífero ubicado al norte de las Islas Malvinas.

La resolución fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, y alcanza a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, responsables del proyecto. La decisión establece que deberán abstenerse de iniciar o continuar actos materiales vinculados con el desarrollo de Sea Lion hasta que se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente.

El proyecto se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas cuya soberanía es objeto de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

La resolución judicial representa un nuevo capítulo de la ofensiva argentina contra la explotación unilateral de recursos naturales en el Atlántico Sur.

La cautelar alcanza a perforaciones y futuras instalaciones

De acuerdo con la resolución difundida por medios argentinos, la orden judicial comprende las perforaciones del lecho y subsuelo marino, las instalaciones submarinas, el tendido de conductos y líneas de flujo, además de infraestructura destinada a sostener la futura producción.

También alcanza al inicio de la extracción comercial y a distintas obras terrestres y portuarias relacionadas con el emprendimiento.

La medida fue promovida a partir de una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas.

El argumento central de la presentación estuvo relacionado con la ausencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional argentina.

La jueza Borruto señaló que la documentación incorporada al expediente indicaba que no se había iniciado ese procedimiento. Por ese motivo, la Justicia consideró necesario aplicar preventivamente las normas ambientales antes de que el proyecto avance hacia nuevas etapas.

La magistrada aclaró, además, que la medida cautelar no constituye una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni determina por sí misma que el proyecto vaya a producir un daño ambiental.

El petróleo vuelve a quedar en el centro de la disputa por Malvinas

La decisión judicial llega pocos días después de que el Gobierno nacional profundizara su ofensiva contra las compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas.

El Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra personas y empresas que participen de actividades de exploración o explotación de recursos naturales en áreas que la Argentina considera propias y que se desarrollen sin autorización argentina. La iniciativa también amplía el alcance sobre accionistas, directivos y proveedores.

El Gobierno sostiene que la explotación petrolera alrededor de Malvinas constituye un aprovechamiento unilateral de recursos pertenecientes al territorio y los espacios marítimos que Argentina reclama como propios.

En paralelo, la Justicia Federal de Comodoro Py impulsó una investigación penal vinculada con Desire Petroleum y otras empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en el área de las islas.

De esta manera, el conflicto por los recursos naturales comenzó a desarrollarse simultáneamente en tres frentes: el político, con las medidas anunciadas por el Gobierno; el diplomático, con la disputa con el Reino Unido; y ahora también el judicial, con resoluciones destinadas a impedir el avance material de los proyectos.

El desafío es hacer efectiva la decisión

La resolución de la Justicia argentina abre también un interrogante sobre su aplicación concreta.

Sea Lion se encuentra en un área administrada por el Reino Unido desde su ocupación de las islas y las empresas involucradas cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Malvinas. Por eso, una orden emanada de un tribunal argentino enfrenta dificultades prácticas para ser ejecutada sobre instalaciones y operaciones que se desarrollan bajo administración británica.

La propia resolución contempla esa dificultad y señala que el cumplimiento efectivo de la medida depende de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas alcanzadas.

Las compañías, por su parte, han sostenido que cuentan con autorizaciones de las autoridades de las islas y que mantienen sus planes de desarrollo.

El escenario deja así una situación inédita: mientras Londres respalda las actividades petroleras impulsadas desde las islas, una jueza federal argentina ordenó detenerlas y el Gobierno nacional avanza con nuevas herramientas legales contra las empresas que participan del proyecto.

Para la Argentina, la disputa por Malvinas vuelve a quedar directamente vinculada con una cuestión estratégica de enorme importancia: los recursos energéticos del Atlántico Sur.

La discusión ya no gira solamente alrededor de las declaraciones de soberanía. El desarrollo de Sea Lion transforma al petróleo en uno de los principales puntos de tensión concreta entre Buenos Aires y Londres.

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